El derecho de acceso a la información pública es el derecho que tienen las personas al acceso a la información elaborada por la Administración y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con la ley (artículo 18 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Mediante este trámite puede ejercer el derecho de acceso a la información pública que la Ley 19/2014 reconoce a todas las personas, a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida, no condicionado a un interés personal ni sujeto a motivación ni invocación de ninguna norma.

Puede presentar su sol·licitud de acceso a la información pública telemáticamente o presencialmente. En este último caso, puede hacerlo en cualquier oficina de registro de la Generalitat de Catalunya (puede consultar cúal es la oficina más próxima aquí) o en cualquiera de los lugares que prevé el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Si quiere hacer una propuesta o una sugerencia o bien formular una consulta o una queja, no debe utilizar este canal, sino el espacio previsto para estas actuaciones que encontrará en la pantalla inicial del portal.

El procedimiento administrativo de acceso a la información pública se debe ajustar a los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en la Ley 19/2014, entre los cuales hay que destacar los siguientes:

Una vez presentada la solicitud, recibirá una comunicación con la indicación del día en que se ha recibido, el órgano responsable de resolverla, la fecha máxima para resolver y la persona responsable de la tramitación. 

Con carácter general, la Administración tiene que resolver las solicitudes de acceso a la información en el plazo de un mes, si bien este plazo se puede suspender o ampliar en los supuestos legalmente previstos. En caso de que no reciba una respuesta dentro de este plazo, puede entender estimada su solicitud, con las limitaciones previstas en el artículo 35 de la Ley mencionada.

Si la solicitud se resuelve favorablemente, de manera expresa o por silencio administrativo, el órgano competente tiene que suministrar la información a la persona interesada, preferentemente en el formato en que la haya pedido, en el plazo de treinta días. El acceso a la información pública es gratuito, pero la expedición de copias y la conversión a formatos diferentes del original pueden restar sujetos a una contraprestación económica, la cual no puede exceder el coste de la operación.

Las resoluciones expresas o presuntas pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante del órgano que las ha dictado. Estas resoluciones y, si  procede, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), la cual actúa con plena independencia de la Administración y sin sumisión a instrucciones jerárquicas de ningún tipo. Las personas interesadas también pueden presentar un recurso contencioso-administrativo o utilizar cualquier otro medio de impugnación o defensa que consideren procedente.