El derecho de acceso a la información pública es el derecho que tienen las personas al acceso a la información elaborada por la Administración y la que ésta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con la ley (artículo 18 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Mediante este trámite puede ejercer el derecho de acceso a la información pública que la Ley 19/2014 reconoce a todas las personas, a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida, no condicionado a un interés personal ni sujeto a motivación ni invocación de ninguna norma.

 

Puede presentar su solicitud de acceso a la información pública telemáticamente o presencialmente. En este último caso, puede hacerlo en cualquier oficina de registro de la Generalidad de Cataluña (puede consultar cuál es la oficina más cercana aquí).

Una vez presentada la solicitud, recibirá una comunicación con la indicación del día en que se recibió, el órgano responsable de resolverla, la fecha máxima para resolverla y la persona responsable de la tramitación.

Con carácter general, la Administración debe resolver las solicitudes de acceso a la información en el plazo de un mes, si bien este plazo se puede suspender o ampliar en los supuestos legalmente previstos. En caso de que no reciba una respuesta dentro de este plazo, podrá entender estimada su solicitud, con las limitaciones previstas en el artículo 35 de la Ley mencionada.

Si la solicitud se resuelve favorablemente, de manera expresa o por silencio administrativo, el órgano competente debe suministrar la información al interesado, preferentemente en el formato en que lo haya pedido, en el plazo de treinta días. El acceso a la información pública es gratuito, pero la expedición de copias y la conversión a formatos diferentes del original pueden estar sujetos a una contraprestación económica, la cual no puede exceder el coste de la operación.

Las resoluciones expresas o presuntas pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el órgano que las ha dictado. Estas resoluciones y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), la cual actúa con plena independencia de la Administración y sin sometimiento a instrucciones jerárquicas de ningún tipo. Los interesados ​​también pueden presentar un recurso contencioso administrativo o emplear cualquier otro medio de impugnación o defensa que consideren procedente.

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